¿Inteligencia al servicio de quién?

En los últimos años, con el objetivo es avanzar hacia un modelo de smart city o ciudad inteligente, Barcelona se ha convertido en un espacio para la experimentación e implantación de proyectos donde la tecnología es un elemento central. El servicio de préstamo de bicicletas -el conocido como Bicing- o el control y recogida de los residuos urbanos son dos ejemplos de esta transformación que vive la ciudad. Comenzamos a acostumbrarnos a leer la información en tiempo real en las marquesinas de los autobuses, a las cámaras ubicadas en calles y carreteras o a las farolas inteligentes que se encienden a nuestro paso, pero la entrada de tecnologías en los barrios barceloneses va más allá. "Barcelona está dejando mucho espacio público para probar tecnologías que luego no se usan", explica Gemma Galdón, profesora de Seguridad, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Barcelona. Esto se traduce en instalaciones que funcionaron durante un tiempo y luego dejaron de hacerlo, y ahora se quedan como parte del mobiliario urbano, pero sin uso alguno. Las empresas tecnológicas desarrollan sus proyectos en el espacio público, pero después no se hace un seguimiento exhaustivo de los mismos con lo que quedan obsoletas y nadie puede aprovecharlas. Otro de los problemas que suscitan las instalaciones tecnológicas tiene que ver con la vigilancia. "Cuando se desarrolla una aplicación smart debemos tener claro que la información que se usa en la misma, se comparte con administraciones públicas como el Gobierno o la policía", subraya Galdón.

En el marco de los seminarios que organiza el grupo de investigación Redes, Movimientos y Tecnopolítica del IN3/UOC, el pasado 27 de junio se celebró el segundo de los encuentros en los que se abordó el tema de las smart cities o ciudades inteligentes y su impacto en el control y la seguridad ciudadana. La definición de lo que es una smart city no ha evolucionado en el ámbito teórico entre los años 2000 y 2010, a pesar de la gran de evolucion de la tecnología en esa década, según Gemma Galdón. "Hay un problema para definir lo que es smart city lo que provoca un problema en sí mismo para definirlo en el ámbito de las políticas públicas", expresó Galdón durante su intervención en el seminario. A estos problemas hay que sumar que vivimos en sociedades tecnófilas y que "existen patrones de consumo de las tecnologías, es decir, el consumo que se hace en el ámbito personal se replica y se traslada a las administraciones".

La seguridad es una característica más a tener en cuenta a la hora de implantar un proyecto vinculado a las smart cities. Siempre existe la posibilidad de que las aplicaciones smarts o tecnológicas se utilicen para la vigilancia. Galdón explica en este sentido que se puede infringir los derechos fundamentales derivados de la vigilancia y generar problemas que afecten a la privacidad, la autonomía, la dignidad, la libertad de movimiento, la discriminación, la integración social o la igualdad. Un ejemplo de esto son los problemas asociados a los contadores de luz inteligentes, debido a que no respetan la privacidad del interior de un hogar o la implantación de programas para gestionar historiales médicos que han acabado fracasando. "Por otro lado están cuestiones relacionadas con las políticas de la prevención de la delincuencia a partir de la instalación de videocámaras para la vigilancia. La delincuencia se ha adaptado y ahora se usan capuchas para burlar las grabaciones por lo que, finalmente, las cámaras crean inseguridad, porque éstas quedan inutilizadas", manifestó la Gemma Galdón.

Marco legal Actualmente el Parlamento Europeo trabaja en el desarrollo de una nueva legislación que garantice una política de privacidad de los datos y mejore, en este sentido, la seguridad y protección de la información personal. Un nuevo reglamento que se ha desarrollado con mayor rapidez a partir de las revelaciones de Snowden, que hicieron saltar las alarmas no solo en el ámbito gubernamental, sino también entre la ciudadanía que dispone de sus datos en la red. De esta forma, con el nuevo reglamento europeo se trata de unificar criterios en materia de seguridad y protección de datos ya que cada país dispone de sus propias normativas.   En relación con este tema, según un estudio en el que está trabajando Gemma Galdón sobre el derecho al acceso a los datos personales en las administraciones públicas y las empresas privadas, la investigación apunta en sus datos preliminares a que existe una vulneración de este derecho, sobre todo, en el ámbito público. "Tenemos el derecho a saber para qué se usan nuestros datos personales, sin embargo en el 70% de los casos que hemos analizado en el ámbito de las administraciones públicas, este derecho se ve vulnerado; en el caso de las empresas privadas este porcentaje es del 60%", puntualizó.   El grupo de investigación Redes, Movimientos y Tecnopolítica ya está trabajando para abordar en próximos seminarios cuestiones como las potencias de las nuevas experiencias de la democracia de red, la seguridad de Internet o la crisis de los modelos comunicativos tradicionales respecto al crecimiento de los nuevos medios en el contexto de la Sociedad red.

 

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